Gestión y control del gasto en la política regional europea

Resumen

En diversas fuentes periodísticas se ha presentado un panorama sombrío sobre Europa en general y sobre la propia construcción interna comunitaria, indicando que tiene agudas fracturas internas, hablando, inclusive, de un peligro real de pura desaparición. Incluso la salida voluntaria de la Unión de uno de los países de mayor peso en el escenario europeo presenta un panorama de incertidumbre sobre la realidad europea. Sin embargo, la decadencia europea es una vieja idea que el propio Ortega y Gasset reflejó en el sentido de lo positivo que puede haber en afirmar que algo, como Europa, tiene que ser reformado. Ello implica que es imprescindible y capaz de nueva vida, mencionando que Europa se hará gracias a concretas realizaciones. La Unión debe buscar soluciones para adaptarse a las nuevas realidades. El Libro blanco sobre el futuro de Europa ha presentado varias opciones posibles para el 2025 en función de la implicación y acciones que realice la Europa de los 27. Mediante este trabajo se ha buscado ayudar a eliminar ciertas ineficiencias que impiden que Estados, gestores y ciudadanía puedan apreciar los efectos beneficiosos de la Unión Europea (UE) de un aspecto muy concreto, la política regional, cuyos efectos se empañan por trabas burocráticas en su tramitación y control. Todo ello analizado desde el punto de vista de la información disponible de forma general para cualquier ciudadano europeo, persiguiendo como objeto la propia transparencia de dicha política y su impacto a los ojos de la ciudadanía de la Unión. Del estudio hemos llegado a las siguientes: CONCLUSIONES La política regional se ha definido como una política de inversiones. Consejo y Parlamento deciden el presupuesto y se fijan las prioridadesmediante un procedimiento de consulta entre la Comisión y los Estados miembros. Las organizaciones de trabajadores, empresarios y la sociedad civil pueden participar en la programación y en la gestión. Son los Estados y sus regiones lo que implementan los programas. Tras su pago, la Comisión supervisa junto con el propio Estado. Por tanto, la ejecución de esta parte de presupuesto dedicado a la Política Regional se realiza en colaboración con los Estados (gestión compartida). En cuanto a su forma de control, la Comisión anualmente presenta al Parlamento y al Consejo sus cuentas, su balance financiero y un informe de evaluación para que se apruebe su gestión. El Parlamento también examina un informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), junto a su declaración de fiabilidad y sus informes especiales. Adicionalmente, el Consejo prepara su recomendación al Parlamento para la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del Presupuesto (descarga). Dicho sistema de control parece muy garantista. Sin embargo, en el último informe anual del TCE destaca que el gasto en cohesión está afectado por un nivel significativo de error y que esta circunstancia se mantiene en el tiempo por encima del umbral de materialidad. Adicionalmente, añade que se han hecho ciertos intentos de simplificación de su sistema de gestión y control (el reembolso se hace sobre la base de prolijas declaraciones de costes reales) con un efecto limitado y, a mayor abundamiento, que dichos refuerzos de control han supuesto un incremento significativo de la carga administrativa para los Estados y los beneficiarios. Para tener una visión global del problema, es necesario analizar no solo los propios beneficios que se obtienen de estas políticas sino, al tiempo, las contraprestaciones de cada Estado. Respecto a estas contraprestaciones no solo hay que tener en cuenta las contribuciones al presupuesto de UE por los Estados miembros, sino el propio esfuerzo de establecer un sistema de gestión y control que satisfaga todas las exigencias comunitarias. Habrá de ser apreciado el incremento de diligencia que puede suponer este sistema en países como el español donde la gestión está centralizada y resulta preciso efectuar labores de coordinación. De modo que si analizamos el objetivo de la Política Regional, la idea de reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las regiones y el retraso de las menos favorecidas ya aparece en el propio Tratado de Roma culminando con la creación del FEDER en 1975. En sus inicios, las operaciones financiadas por el FEDER eran estrictamente nacionales y determinadas por los Estados Miembros, con escasa influencia europea. En el marco 1989-1993 se adopta el primer reglamento que incorpora los fondos estructurales (Reglamento (CEE) nº 2052/88 del Consejo de 24 de junio de 1988), alterandoel enfoque de proyectos a programas, con normas uniformes y gestión descentralizada. En el marco 1994-1999 (Reglamento (CEE) nº 2081/93 del Consejo) se duplica el esfuerzo inversor de la Unión Europea y en el año 2000 (Estrategia de Lisboa) se dirigen las prioridades de la UE hacia el crecimiento, el empleo y la innovación. Posteriormente en el Marco2000-2006 se centra en dos temas: la eficiencia (simplificación del plan y los procedimientos) y la gran ampliación a diez nuevos Estados miembros, ampliándose adicionalmente el presupuesto de fondos estructurales. Por último, en el marco 2007-2013 se reitera el énfasis en la transparencia y la comunicación, así como una mayor atención al crecimiento y al empleo. Dichos recursos e ideas inspiradoras parecen innegablemente beneficiosos. Pero, como ya se ha mencionado antes, la Comisión ejecuta el presupuesto relativo a fondos estructurales en cooperación con los Estados miembros (gestión compartida). Por tanto, los Estados tienen que cooperar para garantizar que los créditos autorizados se utilizan conforme a los principios de gestión financiera. Así, la Comisión comprobará el adecuado funcionamiento de los sistemas de gestión y control de los Estados, pudiendo interrumpir y suspender pagos o incluso aplicar correcciones financieras si viera deficiencias, teniendo tanto la Comisión como los Estados miembros obligaciones de control y de auditoría. A continuación vamos a analizar los beneficios y contraprestaciones de esta política para los Estados miembros, estudiando los dos últimos marcos comunitarios (2007-2013 y 2014-2020).Nos ceñiremos al fondo principal de la política regional, el FEDER (que es un fondo que trata de corregir los desequilibrios regionales cofinanciando fundamentalmente inversiones productivas y en infraestructuras y de desarrollo del potencial endógeno regional y local) y al Fondo de Cohesión (cofinancia fundamentalmente redes transeuropeas de transporte, protección al medio ambiente). En cuanto a los beneficios del “marco 2007-2013”, los fondos se estructuraban en una serie de objetivos (Convergencia, Competitividad Regional y Empleo y Cooperación Territorial Europea)definidos de forma muy abstracta, encuadrados en un esquema complejo, previéndose para esta política más de 300.000 millones de euros para todo el marco. Constituyen cuantías muy atractivas con las que podrían haberse financiado a priori muchas actuaciones. Sin embargo, para saber si esas cuantías se reciben de manera íntegra por los Estados Miembros, se ha analizado un año específico (el presupuesto 2010) a fin de analizar cómo las previsiones de créditos se iban ajustando en años posteriores y su comparación con las ejecuciones reales. En dicho análisis se ha observado que no todo el presupuesto se recibe finalmente por los Estados miembros. Por ejemplo, analizando el Presupuesto 2010 se observó que las cifras de créditos de pago eran sensiblemente inferiores a los de compromiso (para fondos estructurales en torno a un 75% y para Fondo de Cohesión un 67%) y los créditos de pago también se reducían considerablemente (si lo comparamos con el total de crédito de pago la cuantía seguía reduciéndose) siendo las diferencias mayores si los comparamos con los créditos comprometidos donde apenas llegaba al 70%. Esta situación de infraejecución presupuestaria se pone de relieve en los cuatros últimos informes anuales de implementación de los fondos estructurales que figuran disponibles. Por ejemplo en el “20 informe anual sobre el año 2008” se deduce que incluso más de un 74% de los programas del marco anterior (2000-2006) eligieron ampliar su periodo de ejecución para poder absorber fondos. En el “21 informe anual referido a 2009” se concluye que en todas las actuaciones de los Fondos Estructurales, salvo las de objetivo 1, la ejecución de créditos de pago ha sido inferior a las previsiones. Y en el” 22 informe anual” se habla de una tasa de absorción global del 100% pero por las transferencias realizadas para intentar fortalecer las asignaciones del marco 2007-2013 que, recordemos, en dicho año estaba en su año intermedio. Por último, en el “23 informe anual para 2011” menciona que la ejecución presupuestaria se centró en el cierre 2000-2006 (11 años desde su inicio), estando pendiente de pago del saldo más de la mitad de los programas, afirmando expresamente el hecho del lento inicio del marco 2007-2013. Por tanto la infraejecución y los retrasos en la recepción de fondos son un hecho evidente. Resulta oportuno y conveniente insistir en que el retraso en la ejecución presupuestaria, así como dela puesta en marcha de los marcos es una cuestión especialmente gravosa para los Estados Miembros. Sabido es que dado el principio de subsidiariedad, deben adelantar los fondos para las actuaciones y luego solicitar el porcentaje de financiación a la UE que, recordemos, puede no llegar nunca si hay correcciones financieras por parte de la Comisión. Una vez analizada la vertiente presupuestaria, si se efectúa un análisis de la gestión de la política de cohesión en atención a los distintos informes y estudios doctrinales, el “V informe de Cohesión de la Comisión” refleja sus realizaciones concretas y evolución. Empero, en dicho informe se afirma, preocupantemente, que no es posible alcanzar los objetivos de la “Estrategia 2020” solo con políticas comunitarias o políticas nacionales,ya que la política regional por sí no resulta capaz de alcanzar dichas metas, siendo necesario un diseño de políticas adecuadas a las necesidades de las regiones y una ajustada coordinación de la propia política de cohesión con otras políticas. Por tanto, una política regional homogénea para todos los territorios no puede cumplir sus objetivos. A mayor abundamiento, se subraya la necesidad de reformular cómo medir la política de cohesión. Si bien es cierto que parece desprenderse como efecto de la política regional un aumento en términos netos en el PIB en toda la UE, también se reflejan ciertas ineficiencias. En particular, el informe recoge logros sin otra información que permita concluir si se consiguieron los objetivos generales planteados en el marco o si bien podrían haberse alcanzado de una manera más eficiente o económica. De todo ello se desprende que la propia gestión eficaz de la política requiere una administración firme nacional, regional y local. Por tanto, su eficiencia depende de la propia situación de cada territorio para que sea realmente capaz de conseguir sus resultados. En todo caso, debería evitar: • Una definición generalista de sus finalidades, concentrándose en un número de prioridades y que dicha política sea lo suficientemente flexible como para tener en cuenta los distintos contextos territoriales. Ello llevaría a ampliar los actores involucrados en la propia elaboración de las políticas. • Absorber o gastar fondos sin más; debería atender más en el fin de las propias políticas, en la evaluación de sus resultados, mediante indicadores cualitativos y cuantitativos. Es más, en algunos documentos se afirma que el desarrollo superior en términos de PIB de la Uniónno se puede atribuir en su totalidad a esta política, al concurrir otros factores potenciales ya que depende de que dichas regiones presenten ciertas características favorables previas, directamente imbricadas con el punto anterior y la necesidad de soluciones específicas para cada región. Es preocupante que al analizar inversiones prototipo de financiación de políticas de cohesión (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, etc.) surjan serias dudas de si la política está bien definida en términos de objetivos e indicadores. Algunas fuentes doctrinales mencionan incluso que la política de cohesión podría a llegar a ser perjudicial para las regiones menos favorecidas al reducir la competitividad. Ambas conclusiones redundarían también en una mejora de la transparencia de dicha política para los propios ciudadanos de la Unión ya que, de la información que dispone, le resulta altamente complejo comprender estos efectos beneficiosos en su desenvolver cotidiano. Pero ya mucho antes del propio “V informe” se había planteado la preocupación sobre la eficacia de la política de cohesión, por lo que resulta sorprendente la falta de adopción de medidas con carácter inmediato, o cuando menos, con la debida antelación. Respecto al análisis de los beneficios del marco 2014-2020, por el escaso tiempo transcurrido de su inicio, no resulta posible realizar afirmaciones concluyentes; sin embargo, analizando sus dos primeros presupuestos ya podemos constatardiferencias en las cifras de compromisos respecto de las establecidas en el marco financiero plurianual al inicio del marco. Es decir, podría haber reajustes de anualidades y posibles retrasos e infraejecuciones. En el informe disponible sobre el presupuesto 2015, se hace una retrospectiva de logros del marco anterior 2007-2013, especialmente generalistas, con la consecuencia directa de la dificultad de contrastar la eficacia de la política de cohesión. Posteriormente, en el informe global de 2016 de implementación de estos fondos, se presentan datos de ejecución de los que se deducen variaciones comparados con los datos de créditos de compromiso del Marco financiero Plurianual. Por tanto, es fácil deducir cuando menos, un posible retraso en la ejecución de fondos. Retraso que podría dar lugar, en ausencia de adopción de medidas adecuadas, a infraejecuciones presupuestarias. Adicionalmente, parece que se han valorado las experiencias anteriores al precisar que el presupuesto está enfocado a resultados, si bien de dicho documento no pueden deducirse concretos objetivos, resultados o indicadores. Del mismo modo que elaboramos el estudio del marco 2007-2013, sianalizamos el “VI informe de la Comisión”, en él se describe una situación preocupante al inicio del anterior sobre la consecución de los objetivos de la “Estrategia Europa 2020”. Asimismo sostiene, como declaración de intenciones, que la UE debe centrarse, para ser realmente eficaz, en ciertas prioridades y en un reforzamiento de los propios Estados, fortaleciendo las capacidades de las administraciones nacionales. Por tanto, se evidencia la necesidad de reducir la burocracia y simplificar los procedimientos. Al tiempo, ciertos estudios doctrinales acreditan, nuevamente, el alto grado de complejidad de la gestión de los fondos cuyas causas son diversas y dependen de un gran número de procesos, como son: • El intento de ejecutar un marco global legal y de implementación, afectando a muchos actores regionales y locales con amplio abanico temático. • Decisiones comunitarias obtenidas por negociación entre funcionarios o políticos con falta de conocimiento práctico de implementación. • El número y complejidad de reglas se ha incrementado en cada periodo de programación. • Las reglas, estructuras y terminologías son objeto de cambios entre periodos, llevando a mayor complejidad e incertidumbre. • La tensión entre simplificación y otros principios (certeza legal, igualdad de tratamiento, etc.). Además en dichos estudios se resalta que estos problemas parecen no quedar resueltos con las medidas de simplificación abordadas por la Comisión ya que parece que han sido sobrepasadas por otros elementos del marco 2014-2020 que llevan a un sorprendente incremento global de la complejidad, suponiendo aún más problemas de los que trataba de resolver. Dicho informe describe después una serie de conclusiones que causan cierta alarma (en situaciones que permanecen sin solucionar respecto a innovación, riesgo de pobreza, esperanza de vida, eficiencia energética, etc.). Afirma este informe y otros documentos de la Comisión que las sucesivas ampliaciones de la UE han intensificado la diversidad territorial de la UE y que es necesario centrarse en un número limitado de prioridades clave de inversión, haciendo hincapié en los resultados. Incluso otras instituciones como el TCE o estudios doctrinales persisten la eficacia de la política al analizar concretos instrumentos y caso concretos de inversión, plasmando ineficiencias (falta de coordinación con las políticas de los Estados miembros ni hay supervisión suficiente de la Comisión, etc.), afirmando que podría haberse conseguido mucho más, su escasa rentabilidad, y cuestionando incluso si influyeron positivamente. Son afirmaciones planteadas en el marco precedente y aún mucho antes, sin que se pueda entender por qué no se toman las medidas para resolverlo ya que parece que no se ha avanzado en su resolución. Por tanto, en dichos documentos se continúan plasmando realizaciones concretas de la política, con lo resulta complejo constatar, dada la documentación accesible para la ciudadanía de la Unión, la eficacia real y tangible de la política regional. Del análisis de los documentos descritos se desprende que aún queda mucho por hacer. Al abordar un estudio adicional sobre la comparativa de los beneficios y resultados obtenidos entre los distintos Estados Miembros de la UE como consecuencia de la financiación de la política de cohesión, la empresa se torna harto compleja. La información de acceso general es demasiado descriptiva y enumerativa, sin ser posible comparar la mayoría de los hitos y cifras entre los distintos países. A mayor abundamiento solo está disponible inglés y en el idioma concreto del país, como regla general. Si analizamos dicha información, constatamos que las proporciones de los créditos asignados a cada país se mantienen bastante homogéneos de un marco a otro. Por ejemplo se podría entender que lo que en dichas fichas denominan como los logros del “marco 2007-2013”, en puridad son realmente los gastos ejecutados por el Estados miembros y recibidos de la UE. Si los comparamos con las asignaciones previstas para el siguiente “marco 2014-2020”, las proporciones de los créditos de cada país se mantienen homogéneas. En concreto, solo en siete países la proporción con el resto de países sobre importe total distribuido, varía en más de un uno por ciento. Esto nos lleva a interrogarnos si la forma de mensurar los recursos necesarios para cada de Estado, deriva de cómo estos han ejecutado los recursos previamente asignados, es decir y en definitiva, de lo que han gastado, como objeto de negociación. Si esto no fuera así, sino que dicha distribución se efectuase fundada en profundos análisis de evaluación de resultados en cada país y región, constatamos que las proporciones entre Estados no varían en exceso de un marco a otro. En buena lógica cualquier ciudadano europeo podría pensar si la política regional consigue los objetivos de aproximar los grados de desarrollo entre todos los Estados y regiones de la Unión. Esta circunstancia, parece no producirse. En cuanto a las contraprestaciones, los Estados perceptores netos de fondos, es decir, aquellos que reciben mayor importe de transferencias en relación a sus aportaciones para financiar las políticas de la Unión, suelen coincidir con los países menos prósperos y a la inversa. Debe tenerse en cuenta que además de los beneficios en términos de importes presupuestarios, existen otras ventajas que obtienen los Estados como consecuencia del propio hecho de la apertura de mercados y de la integración económica europea, de las que se benefician en mayor medida las economías más desarrolladas. El estudio de los desequilibrios presupuestarios entre los distintos países ha sido un extremo especialmente controvertido y para evitarlo se han elaborado mecanismos correctores, como el denominado“cheque británico” y también otras medidas para Alemania, Austria, Suecia y Países Bajos. Es oportuno insistir en que el gasto comunitario en un determinado país no solo beneficia al Estado concreto en que se realiza el gasto. Respecto al análisis de un presupuesto concreto a mitad del marco 2007-2013 se concluyó que el país que menos aportaba en términos relativos era Reino Unido y frente a otros con aportación por recursos propios inferior a la media, caso de Alemania, Suecia y Austria. Los países con contribuciones superiores a la media fueron Bélgica y Países Bajos. En cuanto al marco 2014-2020, el análisis del saldo de un año (2014) indicaba que el país con mayor aportación eran Bélgica (en recursos propios tradicionales) y Países Bajos (derechos de aduana). La aportación más baja era del Reino Unido, amén de otras aportaciones con variaciones a la baja de Alemania, Suecia y Austria. Por tanto, las ayudas no son gratuitas. Se hacen contraprestaciones al Presupuesto comunitario y además hay que soportar un coste del establecimiento de un sistema de gestión y control sobre dichas ayudas. En el ámbito del control, como ya se ha indicado, la gestión compartida del presupuesto supone que los Estados miembros deben establecer un sistema de gestión y control conforme a los requisitos comunitarios. La Comisión puede establecer mecanismos de corrección financiera es decir devolución total o parcial de los fondos previamente concedidos para asegurarse el uso de esos fondos conforme a dicha normativa, incluyendo también el cumplimiento de los principios de las políticas comunitarias. Concurren distintos grados de control (diferentes formas de verificación y diversos organismos y autoridades nacionales implicadas, además de los controles que realicen la Comisión e incluso el TCE). Dicho control nacional tiene un coste. EL TCE hizo una estimación anual en el “marco 2007-2013” solo para una Autoridad (Autoridad de Auditoría) de unos 110 a 130 millones de euros (0,2% del presupuesto total), destacando que tenía que haber un equilibrio entre el coste de control y los beneficios que dichos controles aportan. Ello es especialmente importante cuando, con frecuencia, las irregularidades se basan en una inadecuada interpretación de unas normas comunitarias abstractas y generales, pese a que las Autoridades nacionales realizaron los controles conforme al criterio que estimaban correcto, incurriendo en unos costes de control y, aun así, los fondos han vuelto a las arcas comunitarias, sin cumplir sus objetivos y provocando unos gastos de gestión y control en los Estados, sin presentar ninguna utilidad para ellos. La Comisión menciona una relación directa entre los programas de alta calidad y la existencia de unos objetivos claramente definidos, correctamente evaluados y con unos medios para lograrlos. El propio Comité de las Regiones planteó el Programa de apoyo a las reformas estructurales para el periodo 2017-2020, a petición de los Estados miembros, con la finalidad de mejorar la capacidad administrativa de los distintos niveles de gobierno de los Estados. ¿Hacia dónde debería ir el futuro de la política regional? El Comité de las Regiones,en un documento de 2016,incide en que dichos fondos tienen un impacto inmediato en la calidad de vida de los ciudadanos y pueden ejercer una influencia positiva sobre su actitud general hacia la UE. Uno de los instrumentos consiste en simplificar y flexibilizar el conjunto del sistema de ejecución de estos fondos. Sin embargo, como ya se ha indicado, sus procedimientos de utilización se complican periodo tras periodo; para que la simplificación sea una realidad, debe participar activamente no solo la Comisión sino también otros órganos, siendo necesario concretar la finalidad esencial y el espíritu de la política de cohesión como tal. La política de cohesión es cada vez más compleja, principalmente, dada la falta de confianza entre los diferentes niveles políticos y administrativos. Dicha complejidad implica un aumento de las disparidades en el desarrollo de las regiones. Resulta preceptivo materializar acciones inmediatas mediante cambios en las prácticas de ejecución y en los requisitos no jurídicos, una mayor cooperación y una orientación más eficaz. Deben ser suprimidas las orientaciones y esquemas generales que no se traduzcan en una mayor eficiencia. Hay que definir normas que adopten enfoques diferentes y más creativos a fin de alcanzar un objetivo general. Debe establecerse un contrato de confianza entre la Comisión, los Estados Miembros y sus regiones para la gestión y el control de los Fondos Estructurales. Resulta necesaria otorgar más flexibilidad a los beneficiarios y un mayor margen de maniobra para su aplicación regional. No se puede continuar con la situación en la que muchos beneficiarios contemplan estos fondos europeoscomo una empresa arriesgada, ya que la financiación de su proyecto puede quedar suprimida o bloqueada por diferencias de interpretación entre los Estados y la Comisión. La lucha contra la corrupción no debería llevar a que cada beneficiario suscite desconfianza a priori sino basarse en la confianza, la cooperación y una clara responsabilidad. La mayoría de los errores cometidos, por ejemplo, en la contratación pública son equivocaciones debidas a la complejidad de las normas y en las auditorías ex post, donde ya no es posible enmendar y encauzar los desaciertos y equívocos.En general, las autoridades nacionales y los órganos de control de la UE suelen llegar a diferentes interpretaciones de idénticas normas, siendo necesario establecer un sistema de auditoría única nacional y de la UE. Resulta necesario analizar cuál es el nivel más adecuado para realizar la programación y concentración temática, determinando unos objetivos generales junto con un indicador principal de materialización de cada uno de ellos. Las autoridades de gestión deberían tener un margen de maniobra capaz de fijar las actividades que permitieran alcanzar cada objetivo en las diferentes regiones. Por todo lo anterior, es oportuno lograr que la política regional no fracase y pueda desplegar todos sus efectos beneficiosos replanteándose su diseño y aplicación en los Estados miembros. Para ello se propone un sistema alternativo basado en las siguientes ideas: • Lo que es un medio (el sistema de gestión y control de las ayudas cofinanciadas) para conseguir una meta (correcta aplicación de los fondos para que consigan sus objetivos y logren dicha cohesión entre las regiones) se está convirtiendo en un fin en sí mismo, incrementando la burocracia y perdiendo el verdadero sentido de la política de cohesión. • El sistema tal y como está establecido, presenta muchas ineficiencias. La simplificación no está consiguiendo sus objetivos. • La Comisión tendría que tener un conocimiento profundo y concreto de los problemas de cada país para una correcta identificación de sus concretas necesidades de cohesión. • Habría de establecer unos estándares que permitieran una medición global y comparable en toda la Unión, junto con un estudio específico y realista de lo que puede ser abordable y de lo que debe ser necesario conseguir en cada Estado Miembro/ región. • Tendría que haber una aplicación de un modelo específico a cada caso (país, región, ámbito local) por parte de cada uno de los Estados Miembros, con la colaboración estrecha y continua de la Comisión, fundada en una confianza mutua y recíproca. Posteriormente se efectuaría un seguimiento y una evaluación continua (no para "quitar fondos" sino para la identificación temprana de las ineficiencias) que permitiera adaptar esos proyectos específicos a las realidades también específicas y cambiantes de cada Estado. Cada caso tiene que tener una solución específica. No es posible aplicar a realidades distintas idénticas soluciones. • Posteriormente se compartirían experiencias entre los Estados Miembros a través de la Comisión para que hubiera una mejora a escala nacional. • Tendría que concurrir una mayor transparencia y accesibilidad para el ciudadano europeo en la información de los ingresos y pagos, capaz de evidenciar una auténtica visión comparativa entre países miembros, sin perder el principio de solidaridad entre los Estados miembros (lo que pretendela mejora de un Estado redunda en el bien global de la Unión). No buscar la ventaja del país concreto sino del conjunto. Eso es Europa. • No es de recibo crear un sistema de gestión y control específico para las ayudas concretas (las cofinanciadas). ¿Qué sucede con las que no lo están? ¿No deberíamos promover que todo el sistema de gestión y control de un país mejore, gestione o no "dinero comunitario"? Debe ayudarse al Estado miembro, según sus posibilidades y su realidad concreta a establecer ese sistema para toda su gestión (no solo en la parte de su actividad que cofinancia) sin penalizarle (retirándole la ayuda) porque ese sistema esté planteando fallos de implantación. Lo que debe materializarse es una auténtica colaboración capaz de analizar esas deficiencias y apoyarle para superarlas.