Análisis constitucional de la potestad reglamentaria como objeto de pronunciamiento jurisdiccional contencioso-administrativo

Resumen

La tesis que presentamos se propone llevar a cabo un análisis sobre el comportamiento de las normas reglamentarias como objeto de impugnación dentro del recurso contencioso-administrativo, bien emprendido directamente contra una disposición infralegal como materia de pronunciamiento de una sentencia siempre pone de manifiesto la compleja naturaleza del derecho reglamentario como categoría jurídica especialmente condicionada dentro del sistema general de fuentes. Siempre provoca, desde lo singular del litigio, una reflexión acerca de las tensiones sistemáticas entre los órganos constitucionales del Estado (parlamente/poder ejecutivo-Administración/poder judicial). La consideración de la disposición reglamentaria desde la perspectiva del enjuiciamiento contencioso-administrativo invita a superar las antiguas categorías generales del reglamento independiente enfrentado al reglamento en ejecución de leyes. Un estudio de la doctrina y la jurisprudencia relativas a la Ley Orgánica del Consejo de Estado y a la Ley del Gobierno pone de manifiesto la rica aportación creativa que, en relación a la categoría imprecisa de norma ejecutiva, han llevado a cabo los tribunales de justicia, riqueza que, por cierto, apunta al abandono de la clásica dolarización. La categoría del reglamento independiente tampoco se revela útil a las exigencias que la norma de rango inferior a la ley plantea en su análisis procesal. Porque la reglamentaria no es una potestad independiente, sino triplemente condicionada: en un plano legal, judicial y administrativo. La reforma general del sistema que se impone con la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998 apunta en cambio, con toda claridad, a la existencia un doble canon de fiscalización judicial que inevitablemente supondrá también una doble dimensión normativa dentro de todo el derecho reglamentario: normas aprobadas por un poder ejecutivo con respaldo parlamentario, y normas aprobadas por una Administración en el resto de los casos. Sobre aquellas, el control deberá ser limitado a los parámetros de control a que hace referencia el art. 2 de la Ley de la Jurisdicción, como se estudia en nuestra tesis. El análisis constitucional de la potestad reglamentaria como objeto del pronunciamiento jurisdiccional suscita otras cuestiones tratadas en nuestra investigación, como las referentes al alcance de la declaración judicial y a la modulación de la argumentación jurídica que puede conducir a la nulidad de la norma, y que, de hecho, varía y depende decisivamente del tipo de mecanismo judicial que utilicemos ( recurso directo, recurso contra actos de aplicación del reglamento y cuestión de ilegalidad). Esto lleva a considerar planos concurrentes de reflexión científica como el presupuesto de la declaración judicial: el postulado de la nulidad de pleno derecho de la norma en todo caso, y la hipótesis de la anulabilidad normativa. Finalmente, consideramos las patologías que pueden afectar a las normas reglamentarias así como sus modos de manifestación dentro de la sentencia contencioso-administrativa: la disconformidad jurídico-material de la norma, las infracciones del procedimiento y su relevancia judicial, el problema particular de la desviación de poder reglamentario y, finalmente, las infracciones competenciales.