Régimen jurídico de los antecedentes penales de otros Estados miembros de la Unión Europea en el proceso penal español

Laburpena

En los últimos años, la Unión Europea ha aprobado diversos instrumentos normativos para facilitar el conocimiento de las resoluciones penales impuestas en los Estados miembros y su consideración posterior fuera del Estado de condena, premisas necesarias para avanzar en la construcción de un espacio judicial europeo. Estos dos objetivos van necesariamente unidos, pues la consideración de las condenas de otros Estados miembros exige la existencia de un sistema de comunicación de las mismas que permita que la información sea accesible de forma rápida, segura y completa a los operadores jurídicos que necesiten disponer de ella. Constituyen en esta materia hitos esenciales la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de la Unión Europea, de 24 de julio de 2009, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un proceso penal, la Decisión Marco 2009/315/JAI de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (que derogó la Decisión 2005/876/JAI del Consejo, relativa al intercambio de información de los registros de antecedentes penales) y la Decisión 2009/316/JAI del Consejo de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) en aplicación del artículo 11 de la Decisión Marco 2009/315/JAI. Estos instrumentos, junto con otra normativa comunitaria que también incluye referencias a los efectos de los antecedentes penales en el ámbito de los Estados miembros, han supuesto un avance muy significativo en el alcance de los antecedentes penales más allá del Estado miembro de condena, poniendo el enfoque en una cuestión de indudable trascendencia práctica y gran interés. Las disposiciones de la Decisión Marco 675/2008 y 315/2009 fueron traspuestas en la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Sin embargo, para estudiar esta materia, debemos también contemplar las disposiciones del Código Penal (especialmente tras la reforma efectuada en el mismo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), así como otra normativa del sector, como el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. El estudio de estas normas, desde sus antecedentes y tramitación legislativa hasta la redacción finalmente aprobada, presenta numerosas cuestiones, susceptibles de diversas interpretaciones e incluso faltas de específica regulación, de indudable trascendencia y que ya han suscitado pronunciamientos jurisprudenciales de gran interés. Esta tesis pretende proponer diversas conclusiones sobre la materia y sugerir desarrollos futuros, partiendo del análisis minucioso de los instrumentos jurídicos aprobados y su aplicación jurisprudencial, teniendo en cuenta las referencias de la doctrina sobre la materia.