Ética y derecho a la información de los ciudadanos

Resumen

¿Una definición útil de la libertad sólo puede obtenerse buscando su principio en la actividad principal de la vida humana, es decir en el proceso por el cual los hombres dan forma y mejoran la respuesta a su entorno y aprenden a controlarlo. Bajo esta perspectiva, la libertad es el nombre que damos a las medidas mediante las cuales protegemos e incrementamos la veracidad sobre la base de la cual actuamos?", esta reflexión que realizó Walter Lippmann (2011) hace ya un siglo es completamente oportuna en los momentos que vivimos. Lippmann las escribió ante la deriva que los medios de comunicación en Estados Unidos habían tomado, tras la crisis de la primera guerra mundial y los primeros años de la Rusia comunista, para reclamar la libertad del ser humano y criticar que las empresas que suministraban las noticias se habían arrogado el derecho a pensar por los ciudadanos. De entonces ahora, muchas han ocurrido en el mundo del periodismo. En muchos países se han institucionalizado los estudios universitarios en periodismo. A la prensa escrita de entonces, se han sumado la radio, la televisión, que se encuentran ya consolidadas, e internet como nuevo modelo de difusión de las noticias. Se han prodigado los estudios teóricos y las investigaciones sobre comunicación, sobre estos modelos, sobre la profesión y la ética periodística, sobre los derechos a la información y comunicación de los ciudadanos. Sin embargo, pareciera que, en España, aún estamos aprendiendo a dar nuestros primeros pasos, y observamos nuestra democracia, desde el punto de vista del derecho a la información de los ciudadanos, podemos decir que ésta no está ni mucho menos consolidada. La comunicación es una característica básica e inherente al ser humano. Para vivir en sociedad y formar parte de la colectividad necesitamos comunicarnos. Ese intercambio de mensajes e informaciones nos ayuda a desenvolvernos en nuestro entorno más inmediato y entender e interpretar el mundo en el que vivimos. En la sociedad actual, este proceso personal e individual de interpretación, del entorno que nos rodea y del mundo, sufre un bombardeo continuo de informaciones externas que nos llegan a través de multitud de emisores, entre los que los medios de comunicación social son los más importantes, ya que, en las democracias occidentales, estos últimos son los encargados de crear y fomentar una opinión pública capaz de enjuiciar con criterios autónomos la labor de los poderes políticos. Pero, además, con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la aparición de las redes sociales y medios digitales todo ese ruido mediático se ha multiplicado exponencialmente. Toda esa ingente cantidad de información, que se emite y se recibe, sin tiempo a reflexionar, ha generado en los ciudadanos una distorsión, una falsa creencia de estar bien y correctamente informado, cuando en realidad los medios de comunicación social en las democracias occidentales, como la de nuestro país, se han olvidado del servicio social que deben prestar y han convertido la información en una mera mercancía más con el único objetivo de engordar su cuenta de beneficios. Incluso, en esa búsqueda de beneficios, no han dudado en intentar controlar al poder político, si sus posiciones y decisiones ponían en peligro su cuenta de resultados económicos. Una situación que no ha pasado desapercibida para una gran parte de la ciudadanía, aunque sí parece para periodistas y propietarios de los medios de comunicación (el Informe Anual de la Profesión Periodística 2012 que edita la Asociación de la Prensa de Madrid. Pags: 75-83.) No hay más que ver la importancia que este año han dado en prensa e informativos de radio y televisión al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la valoración que la ciudadanía otorga a diversas profesiones a causa de que la segunda profesión peor valorada es la de los periodistas, cuando ya en la misma encuesta de 2006 los periodistas recibieron la misma valoración y, sin embargo, dicha encuesta apenas mereció relevancia alguna. Los resultados de las encuestas del CIS son sólo un síntoma del diagnóstico: el ejercicio profesional del periodismo está viviendo en nuestro país uno de los momentos más complicados que se conocen en la historia de esta profesión. La opinión generalizada es que se ha llegado a esta situación por dos grandes motivos externos: la aparición de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que ha puesto contra las cuerdas a la prensa papel, y la crisis financiera de 2008, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, que ha reducido a la mínima expresión la inversión publicitaria y que ha dejado un panorama desolador en los medios de comunicación tradicionales, tanto públicos como privados. Y es ahora, con decenas de medios quebrados y miles periodistas engordando las listas del paro, cuando aparece un tercer motivo, aunque en esta ocasión interno: el descrédito del periodismo. Es ahora cuando, enfrentados cara a cara a una crisis sin precedentes en el sector de los medios de comunicación en todo el mundo , los profesionales en masa en España han dirigido su atención a cuestionar la información que se ofrece a los ciudadanos y la calidad de las noticias que se publican en los medios, y a denunciar que la deteriorada situación del periodismo pone en peligro nuestra democracia. Sin embargo, en las dos últimas décadas no han faltado académicos y profesionales que han venido advirtiendo sobre la falta de pluralidad, la politización de los medios y la necesidad de establecer mecanismos legales que garantizaran el derecho a la información de los ciudadanos, así como para su participación, y para un ejercicio profesional independiente. Frente al papel que desempeñaron en los últimos años de la dictadura franquista y en los primeros años de la democracia española en la difusión y toma de conciencia de la sociedad española de los valores democráticos, 15 años después académicos y profesionales coincidían en denunciar la elevada politización, sensacionalismo y falta de rigor en las informaciones que se publicaban y difundían, la alta precariedad laboral de los periodistas, la concentración de la propiedad de los medios en muy pocas manos, así como la incorporación de cada vez un mayor número de grupos industriales y financieros en la estructura accionarial de los grupo mediáticos, lo que estaba produciendo un grave deterioro en la calidad de la información que se venía ofreciendo a la ciudadanía y que se estaba vulnerando su derecho fundamental a recibir información, tal y como quedó recogido en nuestra Constitución. En concreto, advertían de la doble dimensión del artículo 20.1 a) y d) de la CE, ya que no solo concretaba los derechos fundamentales del emisor en cuanto a las libertades de prensa y de expresión, sino que además reconocía el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, completa y plural, y de que en la forma en la que se había configurado en nuestro país el mercado de las ideas no se aseguraba ni garantizaba el ejercicio de este derecho del público receptor. Basaban sus críticas no sólo en los contenidos informativos ofrecidos por los medios de comunicación, sino también en las condiciones laborales a las que se enfrentaban los periodistas. Denunciaban que difícilmente se puede hacer un ejercicio independiente del periodismo, ni ejercer derechos como la cláusula de conciencia, ni imponer principios básicos de la deontología profesional desde la precariedad laboral. Los profesionales reunidos en el Foro de Organizaciones de Periodistas insistían en dar a conocer la existencia de redacciones estructuradas sobre plantillas sin contrato, por lo que carecían de capacidad para oponerse a la manipulación o al tratamiento indecente de la información; de que casi la mitad de los periodistas españoles trabajaban con cobertura social incierta, sin convenios laborales, con escasa representación sindical y con poca o ninguna capacidad de negociar sus salarios, y de que en esas condiciones era imposible defender la dignidad profesional. Ante estas críticas que advertían que los medios de comunicación en nuestro país estaban sobrepasando los límites del derecho a la información en contenidos, publicidad y horarios y se estaba vulnerando la legislación europea y española de protección a la infancia, y que desembocaron en la creación en el Senado de una Comisión de Comisión de Estudio de contenidos televisivos, se produjo una profusión de códigos de ética y conducta, y los grandes medios de comunicación de forma voluntaria se autoimpusieron mecanismos y figuras de autocontrol como libros de estilo, estatutos de información, consejos de redacción o de prensa y defensor del lector o del público. Esta época en la que, en nuestro país, la profesión empezó a tomar conciencia de la necesidad de autocontrolarse, estableciendo unas normas de conducta ética a la hora de ejercer su labor de mediadores y canalizadores entre las fuentes de la información y los ciudadanos, coincidió con la caída del Muro de Berlín y la necesidad de las organizaciones de periodistas de los Países del Este de adecuar sus antiguos códigos a las nuevas circunstancias políticas y sociales. Y es en ese momento, el 1 de julio de 1993, cuando la Asamblea Parlamentaria del Consejo de aprueba su resolución 1003 conocida como Código Europeo de Deontología del Periodismo y que recomienda respetar a todos los países miembro, debido a que los derechos a la información y a la comunicación de la ciudadanía son reconocidos como Derechos Humanos y como tales merecen un tratamiento específico con el fin de preservar la dignidad y la libertad de la ciudadanía.