Hombres penados por violencia de génerocomparaciones intergrupales según la vulneración o no de la orden judicial de protección y el tipo de condena (prisión o medidas alternativas)

Resumen

El objetivo principal de esta tesis doctoral fue el análisis de las características personales y conductuales de un grupo de hombres que habían sido condenados judicialmente por haber actuado de forma violenta contra la pareja. Así como, el estudio de las similitudes y diferencias que guardan entre sí distintos subgrupos de agresores. Conocer las carencias de las personas que agreden a su pareja, posibilita tomar decisiones eficaces en la lucha contra la violencia de género y contribuye a disminuir el riesgo de reincidencia; además permite mejorar los tratamientos que reciben estos hombres y adaptarlos a sus necesidades terapéuticas. Por otra parte, la literatura científica ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que los agresores contra la pareja no constituyen un colectivo homogéneo, sino que mantienen importantes diferencias entre sí (de personalidad, de conducta o desde un punto de vista terapéutico). En consonancia con lo anterior, el primer trabajo de investigación de esta tesis examinó las características sociodemográficas, delictivas y psicopatológicas, así como el uso de las estrategias de regulación emocional cognitiva (REC) en 250 hombres condenados por agredir a su pareja. Asimismo, se realizaron comparaciones entre dos grupos de agresores: penados en prisión (n = 138) y penados en suspensión de condena (n = 112). Para ello, se analizó el expediente penal de cada participante, se aplicó un cuestionario sociodemográfico y dos pruebas de autoinforme (CERQ-S y SCL-90-R). Los resultados del grupo total muestran el perfil sociodemográfico de un agresor relativamente joven, con bajo nivel de formación académica y en situación económica de subsistencia. Desde un punto de vista delictivo, la mayoría del grupo total estudiado fue condenado por haber agredido físicamente a su pareja y, muchos de ellos, habían reincidido en comportamientos violentos, casi siempre contra la misma víctima; un tercio tenía historial delictivo por otras infracciones penales y, aproximadamente, la mitad de ellos había violado la orden de protección (OP) hacia la víctima. A nivel psicopatológico, la mitad de los participantes abusaba del alcohol y el 40% consumía drogas; el grupo total puntuó por encima del percentil 75 en las subescalas de Somatización, Depresión, Ideación paranoide y Psicoticismo, así como en el Índice Global de Gravedad y en el Total de Síntomas Positivos del SCL-90-R, respecto a la población general no clínica, y en cuanto a las estrategias de REC, las más empleadas ante situaciones vitales estresantes fueron las relacionadas con un afrontamiento adaptativo. Al comparar los dos grupos de penados (encarcelados vs. en situación de suspensión de condena), se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las variables sociodemográficas, concretamente en edad y estudios; los penados en prisión eran más jóvenes y tenían menor nivel de formación que los hombres que permanecían en libertad. Desde el punto de vista delictivo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todas las variables estudiadas, las personas en prisión mostraban con mayor frecuencia maltrato físico (tamaño del efecto [TE] pequeño), reincidencia en el maltrato (TE entre medio y grande), quebrantamiento de la orden de alejamiento y condena por otros delitos (TE grande en ambas variables), a diferencia del grupo en libertad, en el que estos comportamientos eran menos frecuentes. Por otra parte, los agresores en prisión abusaban del alcohol (65.9%) y consumían drogas (59.4%) en mayor proporción que el grupo en libertad. También los agresores en prisión mostraron mayor número de síntomas positivos y puntuaron más en depresión y ansiedad que los penados en libertad. Finalmente, el grupo de prisión puntuó más que el grupo en libertad, tanto en las estrategias más adaptativas (TE medio) como en las menos adaptativas (TE medio-grande) de REC. Otro aspecto clave en la prevención de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es la emisión judicial de las órdenes de protección (OPs). Las medidas de alejamiento y no comunicación con las víctimas son instrumentos judiciales eficaces y frecuentemente utilizados para prevenir este tipo de violencia, aunque no siempre son respetados por los agresores. Por ello, el segundo estudio examinó las peculiaridades de la vulneración de la orden judicial de protección en hombres que previamente habían sido condenados por un delito de violencia de género. Se analizaron 131 sentencias condenatorias por quebrantar una OP con respecto a su pareja o ex pareja, correspondientes a 80 agresores. El análisis de estas sentencias se centró fundamentalmente en el apartado de hechos probados, al presentar la información de cada caso de manera uniforme y estructurada. Los resultados muestran, en cuanto a las características del quebrantamiento, que la mayor parte de los hombres que vulneraron la orden de alejamiento, lo hicieron de forma directa o física. Específicamente, 70 de los 80 hombres habían tratado de acercarse físicamente a su pareja o expareja al menos en una ocasión, a pesar de la prohibición. Dentro de esta tipología de acoso o acercamiento a la víctima, lo más frecuente fue acudir al domicilio de ella, abordarla en un lugar público e incluso el hecho de haber reanudado la relación o convivencia con la víctima estando vigente la orden de alejamiento. El 41.3% de los penados intentaron reconciliarse con la víctima y lo logró el 33.8%, si bien solo en dos ocasiones se solicitó dejar sin efecto la OP a los jueces. También hubo casos en los que se vulneró la OP utilizando medios indirectos o “a distancia”: medios postales, informáticos o telemáticos (los más frecuentes dentro de este tipo de vulneraciones y en donde el penado no buscaba el acercamiento físico a la víctima). Aunque lo más probable era utilizar un único tipo de acercamiento a la víctima, casi el 39% había utilizado múltiples formas de acercamiento o acoso (por ejemplo, acudir a su domicilio y enviar mensajes a través del móvil a la víctima). Por otra parte, el 75% de los agresores había quebrantado la OP en más de una ocasión; de ellos, el 51.67% habían vulnerado la OP entre 2 y 88 veces y el restante porcentaje (48.33%) habían incurrido en vulneraciones continuas sin que se pudiese precisar el número de veces que quebrantaron esta medida judicial. En cuanto al tiempo transcurrido desde el conocimiento del mandato judicial de alejamiento de la víctima, hasta el primer incumplimiento por parte del penado, fluctuó entre ese mismo día y cinco años después del conocimiento de la medida judicial. En general se puede afirmar que, transcurrido un año después de emisión judicial de la OP, la había quebrantado el 88.2% de los casos. Por lo que respecta al acoso y nuevo maltrato hacia la víctima con ocasión de la vulneración, los comportamientos de los penados con respecto a las víctimas fueron heterogéneos, pero se podían clasificar en tres grupos, según el propósito (aparente) que se perseguía: a) el uso de la manipulación y la búsqueda de reconciliación (el 26% de los agresores realizó esas conductas); b) el control, el seguimiento o la vigilancia de la víctima (el 51% de los casos mostró esos comportamientos); y c) la agresión de la víctima de forma psicológica, física o sexual (las agresiones psicológicas se dieron en el 50% de los casos; las físicas en el 26.3% y, en dos casos, se vulneró la OP realizando agresiones que tenían una connotación sexual). Por otro lado, el incumplimiento de estas medidas judiciales de protección supone para la víctima una nueva revictimización, mayor inseguridad y, en los casos más extremos, el asesinato. Por tanto, conviene estudiar las peculiaridades de los hombres que han infringido las OPs dado que puede contribuir a la prevención de la revictimización y del femicidio. El objetivo del tercer trabajo fue conocer el perfil de los agresores que vulneran la OP y las variables implicadas en estas infracciones. Para ello se analizó una muestra compuesta por 200 hombres condenados por violencia contra la pareja y con OP respecto a la víctima (120 infractores vs. 80 no infractores de la OP). Fueron evaluados mediante un método mixto con supervisión de expedientes penitenciarios, entrevista personal (en la que se recogieron datos sociodemográficos, de consumo de sustancias tóxicas y el historial delictivo) y autoinformes (CTS-2, D/JTS y STAXI-2). Los resultados obtenidos mostraron que los hombres que vulneraron las OPs eran más jóvenes y con menor nivel formativo que los agresores no vulneradores (TE medio en ambas variables); respecto al consumo de sustancias tóxicas los hombres infractores de las OPs abusaban del alcohol y de las drogas en mayor proporción que el grupo de no vulneradores (TE pequeño y moderado, respectivamente). Desde un punto de vista delictivo, el grupo de vulneradores de la OP tenía en mayor proporción que el otro grupo antecedentes por otros delitos diferentes (TE medio) y era más frecuente que hubieran extendido su violencia a más de una víctima. Por otra parte, el grupo de hombres que había quebrantado la OP utilizó en mayor medida la agresión psicológica (menor y severa) y la agresión física (menor y severa) contra su pareja (TE medio en los cuatro casos), y puntuó estadísticamente más en la severidad de la violencia física en el último año de relación que el grupo de no vulneradores (TE entre medio y grande). Además, los hombres infractores de la OP se mostraron en el último año de convivencia con la víctima más dominantes y celosos, y puntuaron más en ira-rasgo y menos en el control externo de la ira en comparación con el grupo no infractor. Por último, un análisis de regresión logística identificó las variables que mejor predecían la violación de la OP: presentar un menor nivel educativo, consumir drogas, haber sido condenado anteriormente por otros delitos y haber ejercido violencia física grave contra la pareja en el último año de relación. Tener antecedentes penales por otros delitos diferentes, incrementaba casi ocho veces la probabilidad de infringir la OP y, más de cuatro veces, si había antecedentes de consumo de drogas. Finalmente, los resultados obtenidos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 1) es aconsejable que se apliquen intervenciones más globales y que los tratamientos psicológicos sean más prolongados en los agresores encarcelados, al presentar más carencias respecto a los que se mantienen en libertad en situación de suspensión de condena; 2) la OP no garantiza la finalización del maltrato o del acoso y las mujeres que restablecen la relación con su expareja agresora están en riesgo de ser revictimizadas; y, 3) considerar los factores de riesgo de la vulneración de las OPs y tomar medidas adecuadas puede contribuir a la prevención de nuevos abusos en las víctimas de violencia de género. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA Amor, P. J., Echeburúa, E., & Loinaz, I. 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